Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del Santander.
El último consejo de ministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, celebrado en noviembre de 2011, decidió indultar a Sáenz, pero un accionista del propio Santander recurrió el indulto ante el Supremo, que el pasado mes de febrero anuló parcialmente ese indulto y calificó de “extralimitación” del Gobierno socialista la pretensión de anular no sólo la pena de cárcel sino también los efectos administrativos de la misma. Es decir, el indulto permite esquivar la prisión, pero no 'borrar' los antecedentes penales.
La normativa bancaria vigente exigía precisamente no tener antecedentes penales para poder dirigir una entidad financiera en España. Hasta el último 12 de abril. Ese día, el consejo de ministros del Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un real decreto que relajaba los requisitos exigidos, de modo que alguien con antecedentes penales puede dirigir una entidad si lo permite el Banco de España.
Finalmente, Alfredo Sáenz abandona los cargos de vicepresidente y
consejero delegado del Santander de forma “voluntaria”, según fuentes de
la entidad, sin esperar a lo que resuelva el Banco de España. Aseguran
que se trata de un relevo generacional (tiene 70 años y es sustituido
por Javier Marín, de 46) acorde con un plan de rejuvenecimiento de la estructura directiva del banco (su presidente, Emilio Botín, cumplirá por cierto 79 en el mes de Octubre).
Sáenz se retira con antecedentes penales, sí, pero con ‘derechos de cobro’
de una pensión que asciende a 88,17 millones de euros, una cifra que da
para hacer ‘relevos’ durante unas cuantas generaciones en la familia
Sáenz. Una cantidad que resulta indecente en el contexto de una recesión
que pretende resolverse, entre otras recetas, a base de recortes de
salarios y también de pensiones públicas.
El Santander es el primer banco en España y en Europa. No es una entidad
intervenida por el Estado, y por tanto son sus accionistas los que
pueden valorar la conveniencia o no de determinados sueldos,
indemnizaciones o pensiones. Lo que sí ha puesto en evidencia el ‘caso
Sáenz’ es la facilidad con la que dos Gobiernos de distinto signo
político se han plegado al interés del poder financiero. Y esa factura
la paga el crédito de la política.