La Comisión Europea abrió este jueves un procedimiento de infracción contra España y otros doce Estados miembros para instarles a transponer una directiva comunitaria para reforzar la resiliencia operativa digital de las entidades financieras en toda la Unión Europea, informó la institución en un comunicado.
Además de a España, el Ejecutivo comunitario decidió incoar procedimientos de infracción mediante el envío de una carta de emplazamiento a Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Grecia, Francia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia por no haber transpuesto plenamente la Directiva sobre la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA).
Esa directiva, que debería haber sido transpuesta por todos los Estados miembros a sus legislaciones nacionales antes del 17 de enero pasado, tiene como objetivo establecer normas claras y coherentes sobre resiliencia operativa digital para entidades financieras como bancos, compañías de seguros y empresas de inversión, garantizando así el buen funcionamiento del mercado único, recordó Bruselas.
La plena aplicación de la legislación es fundamental para reforzar la resiliencia operativa digital de las entidades financieras en toda la UE, abordando los riesgos asociados a la creciente digitalización de los servicios financieros, subrayó la Comisión.
Por ello, la Comisión envió este jueves las correspondientes cartas de emplazamiento a España y los otros Estados miembros que aún no han transpuesto la directiva, que disponen de dos meses para responder, completar su transposición y notificar sus medidas a la Comisión.
En caso de no hacerlo, Bruselas podría enviarles una segunda carta, que es el paso previo antes de poder llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, si cree que España y los demás siguen incumpliendo con los procedimientos europeos.
La Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) es un reglamento de la UE que entró en vigor el 16 de enero de 2023 y se aplicará a partir del 17 de enero de 2025.
Su objetivo es reforzar la seguridad informática de entidades financieras como bancos, compañías de seguros y empresas de inversión y garantizar que el sector financiero en Europa pueda mantener capacidad para superar dificultades y adaptarse a situaciones adversas en caso de una interrupción operativa grave.