Vuelvo después de más de cuatro años.
El próximo miércoles 29 de Enero, si nada lo impide tendré una comida con un antiguo compañero de la Caixa, Antonio Ramos Romero. Dicho acontecimiento me ha hecho reflexionar de algunas ideas que tengo sobre mi vida personal y profesional.
La política primero, el relato después
El Gobierno dio este jueves señales de estar dispuesto a negociar por separado las medidas contenidas en el decreto ómnibus que el Congreso rechazó el día anterior, pero sin decirlo claramente, sin comprometerse a ningún plazo y centrando su mensaje en la irresponsabilidad de quienes votaron en contra: PP, Vox y Junts. No solo no tiene más remedio que hacerlo, sino que esta negociación debe empezar cuanto antes, especialmente en el asunto más sensible para el bolsillo de 12 millones de españoles: la subida de las pensiones en febrero. Cada hora que se gasta señalando a los culpables de la derrota parlamentaria puede ser útil en una efímera táctica de dominar el relato político, pero es una hora perdida en una cuestión urgente para la sociedad y en la que el Gobierno carga con el grueso de la responsabilidad de liderar y buscar soluciones.
El Decreto ley rechazado el miercoles incluía una subida de las pensiones del 2,8% que supone unos 40 euros más al mes para la pensión media de jubilación, que se sitúa en 1.447 euros. Si se llega a finales de febrero sin una solución, las pensiones quedan congeladas. Organizaciones que representan a los pensionistas amenazaron este jueves con movilizaciones si no hay pronto un arreglo.
La subida de las pensiones para compensar el IPC es un compromiso irrenunciable del Gobierno, que ha invertido no poco capital político y presupuestario en él. Una vez fracasada la opción del decreto autobus, las quejas del Gobierno —justificadas por el corto plazo de una oposición que sacrificó el interés general a su obsesión por socavar al Gobierno de Sanchez—, no pueden durar más.
Hay alternativas para salir de esta situación y evitar un golpe a los pensionistas, que no tenemos culpa de nada: ni de la voluntad de bloqueo del PP incluso en asuntos de amplio consenso social para poder denunciar cada día un supuesto descalabro institucional, ni de la absurda acritud de Junts, que crece en proporción a la necesidad de autoafirmación de su líder. Este jueves por la tarde ya tuvieron que soportar una concentración de organizaciones sociales ante su sede de Barcelona en protesta por el bloqueo.
La primera opción que tiene el Ejecutivo es presentar un nuevo texto solo con esta cuestión: tanto populares como catalanes de derechas han indicado ya que lo aprobarían. Otra posibilidad es aprobar un Real Decreto, que no necesita convalidación en las Cortes pero profundizaría en la deriva, siempre delicada, de evitar al Congreso en asuntos de calado.
Es legítimo que el Gobierno quiera dar la vuelta a la imagen de debilidad que traslada la votación del miércoles. Ya está claro que en el Congreso hay una mayoría de derechas incapaz de juntarse para una foto pero si para boicotear medidas sociales con sus votos. En contra de lo que piensan, este boicot no es gratis. El PP es tan consciente de las consecuencias de su decisión que las comunidades autónomas en las que gobierna anunciaron inmediatamente que pagarán ellas las subvenciones al transporte público, otra medida que decayó con el decreto. Es una buena ocasión para que lo asuman definitivamente. Al fin y al cabo, han votado en contra de que lo pague el Gobierno central.
Pero otra cosa son las pensiones. El Gobierno apenas dispone de un par de semanas aproximadamente para arreglar el desaguisado, y el trámite de una iniciativa parlamentaria difícilmente cumpliría con ese plazo. Debe asumir su parte de coste político y acabar con la incertidumbre. La política primero, el relato después.
Yo voto contra mis intereses y a favor de mis principios.
Como dice el cabrón de Trump, HE VUELTO.