Un jubilado de 82 años, que vive en Seattle, se enteró de su propia muerte mientras desayunaba tranquilamente en bata junto a su mujer. Una carta del banco lamentaba su fallecimiento, daba el pésame a su viuda y ya de paso le reclamaba 5.201 dólares en prestaciones sociales, que se le habían abonado al presunto difunto tras su muerte y que, en menos de 12 horas, le retirarían automáticamente de su cuenta. El jubilado estaba vivo, pero para el Estado había dejado de existir.
Después de la carta empezó la encrucijada. Se quedó sin seguro médico, sus tarjetas de crédito se desactivaron, no tenía acceso a absolutamente nada y, tras más de tres semanas llamando a diario a la administración pública, le dieron cita para un mes después. Un total de 90 días esperando a que todo volviese parcialmente a la normalidad.
Cada año, miles de estadounidenses son declarados muertos por error por la burocracia federal. Algunos descubren su defunción al intentar pagar un café, otros al dejar de cobrar la pensión o al intentar concertar una cita médica. Tras los recortes de Trump y el desembarco de Elon Musk en la gestión de datos públicos, el sistema se ha convertido en una trampa caótica.
Las colas de gente en la misma situación que el jubilado anterior son de más de cinco horas en las oficinas de la Seguridad Social de las principales ciudades del país, pese a trabajar con cita previa, y los pocos funcionarios que quedan en sus puestos no dan abasto. “Otro más”, comento el funcionario al jubilado cuando le explicó su problema.
El origen de esta crisis se remonta a los primeros años de la administración de Donald Trump. Entre 2017 y 2020, el actual presidente ya aplicó una agresiva política de recortes sobre decenas de agencias públicas, con la premisa de reducir burocracia y combatir lo que él denominaba “el Estado profundo”.
La Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés), organismo responsable de gestionar pensiones, ayudas por discapacidad y registros de defunción, perdió durante ese periodo un 12% de su personal. Oficinas cerradas, procesos cada vez más automatizados y sistemas informáticos desactualizados acabaron costando al estado más de 9.000 millones de dólares anuales al no registrar las defunciones correctamente.
Joe Biden, durante su mandato, aumentó el presupuesto de la SSA un 10%, con el objetivo de reforzar el servicio al cliente y modernizar el sistema para minimizar los errores; sin embargo, con la llegada de Trump al poder de nuevo y la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental y Eliminación de Gastos (DOGE), el problema no ha hecho otra cosa que empeorar. Musk, al frente de la agencia, ha eliminado más de 7.000 puestos de trabajo en la SSA y ha designado a un equipo para automatizar los registros de defunciones mediante inteligencia artificial, realizar análisis masivo de datos y generar algoritmos predictivos. Su idea era, en sus propias palabras, “eliminar cualquier margen de error humano”.
El problema ha llegado en el momento de la implementación. Musk pretendía contratar ingenieros de SpaceX, Tesla y Neuralink para supervisar el sistema, pero muy pocos aceptaron la oferta. La administración recurrió entonces a subcontratas privadas, con personal mal formado y procesos opacos que han terminado generando un caos en el sistema. El DOGE ha eliminado de golpe más de 10 millones de nombres de bases de datos públicas sin las comprobaciones adecuadas, y el resultado ha sido nefasto: miles de personas vivas han sido declaradas muertas y han desaparecido legalmente de los sistemas.
El caos ha sido tal, que la directora de la Seguridad Social ha dimitido apenas un mes después del comienzo de su mandato, mostrando su preocupación por la falta de supervisión y la rapidez con la que se han implementado los cambios, lo que, según ella, ha resultado en una "espiral de muerte" para la agencia.